Concurso de Acreedores: Nueva modificación

Se introduce la figura del MEDIADOR para aquellos casos en los que el pasivo no supere los 5 millones de euros. Nace el denominado “CONCURSO SUCESIVO”.

Con la publicación de la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización se ha vuelto a modificar el texto de la Ley Concursal. Así, Capítulo V de la Ley 14/2013, bajo el título de “Acuerdo extrajudicial de pagos” prevé que las personas naturales que tengan la condición de emprendedor, y cualquier otra persona jurídica, sea sociedad de capital o no, puedan sustituir la solicitud de pre concurso, contemplada por el artículo 5 bis L.C., por una solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos siempre que su pasivo sea inferior a 5 millones de euros y así lo acredite.

La solicitud de esta negociación previa al concurso se cursará ante el Notario o Registrador, según los casos, y tendrá las siguientes especialidades:

1- REQUISITOS:

Podrá formularlo cualquier persona física o jurídica (sea o no sociedad de capital) cuando el pasivo no exceda de 5 millones de euros y  siempre que:

a) Se encuentren en estado de insolvencia.

b) En caso de ser declaradas en concurso, dicho concurso no hubiere de revestir especial complejidad en los términos previstos en el artículo 190 de esta Ley.

c) Que dispongan de activos líquidos suficientes para satisfacer los gastos propios del acuerdo.

d) Que su patrimonio y sus ingresos previsibles permitan lograr con posibilidades de éxito un acuerdo de pago.

2- RESUMEN DE SU TRAMITACIÓN.

De una forma muy somera, y sin entrar en el  detalle de requisitos, excepciones, plazos y demás  que podemos verificar en el texto legal, el acuerdo extrajudicial previsto para insolvencias en las que el pasivo no supere los 5 millones sería, en resumen, el siguiente:

• El deudor solicita al Notario o Registrador el nombramiento de un Mediador Concursal para que se haga cargo de la negociación.

• El Mediador comprobará los créditos y notificará la apertura de la negociación a los acreedores.

• Se elaborará un plan de pagos. Este plan, que ha de acompañarse por un plan de viabilidad, no podrá suponer una espera de más de 3 años ni una quita de más de un 25%, teniendo un régimen especial los acreedores que tengan garantías reales. Cabe destacar que el plan de pagos puede prever la dación en pago de bienes.

• Se convocará a los acreedores a una reunión enviándoles, con al menos veinte días de antelación a la celebración de la misma, la propuesta del acuerdo. Los acreedores que no manifestasen su aprobación u oposición al acuerdo dentro de los 10 días siguientes a su notificación podrán, aún así,  acudir a manifestarse a la reunión convocada por el mediador. El acreedor que no haya manifestado su oposición o aprobación de la propuesta y no hubiese acudido a la reunión verá, si finalmente se declara el concurso de acreedores, su crédito degradado a subordinado, es decir, el último en cobrar.

• El plan de pagos deberá aprobarse por una mayoría de acreedores que represente al menos el 60% del pasivo, salvo cuando se trate de un plan que prevea la entrega en pago de bienes, que deberá contar con un 65% y la aprobación de los titulares de derechos reales sobre los bienes entregados.

• Si el plan no se aprueba o si, aprobado, no se cumple, se acordará iniciar el CONCURSO SUCESIVO, que empezará con la liquidación y en el que se nombrará al propio mediador que intervino en la negociación como Administrador Concursal. En esta liquidación, si se cubren los créditos de derecho público y los créditos contra la masa se podrá acordar la remisión de los demás créditos, lo que se hace con la intención de dar al emprendedor una “segunda oportunidad”.

Si esta reforma resulta o no favorable para una mejor y más ágil gestión de las situaciones de insolvencia lo dirá su aplicación práctica.

Reclamar el dinero abonado a promotor, si éste incumple con la entrega de la vivienda

Si usted se encuentra en la situación de que el promotor o la cooperativa de viviendas ha incumplido en la entrega de la vivienda, puede cobrar del seguro o del aval bancario las cantidades entregadas. Usted puede reclamar aunque se haya producido un mero retraso o incluso si las obras se paralizan.

No importa qué compañia de seguros o que aval bancario estemos tratando. Si el seguro se constituyó como garantía del cumplimiento del promotor o de la cooperativa de viviendas, se puede conseguir la ejecución del aval o seguro con la devolución rápida del dinero anticipado.

Para que se pueda llevar a cabo dicha reclamación es necesario que se cumplan dos condiciones:

1. Tener el original del seguro o aval bancario.
2. Que el promotor o la cooperativa de viviendas, haya incumplido en la fecha de entrega o inicio de las obras.

Recientemente el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación de un grupo de cooperativistas que pretendían recuperar sus aportaciones, superiores casi todas a 100.000 euros, a una cooperativa de viviendas de la Comunidad de Madrid (Valdebebas).

El alto tribunal ha considerado que el seguro de caución concertado en su día entre la cooperativa y la compañía de seguros amparaba a los cooperativistas del complejo "Jardines de Valdebebas" por tratarse de un seguro obligatorio de acuerdo con la ley 57/1968 y la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999.

En consecuencia, se ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial deMadrid que desestimaba la demanda de los cooperativistas y se hacondenado a la compañía de seguros demandada a indemnizarles en las mismas cantidades aportadas, con intereses, por la imposibilidad de que les sean entregadas las viviendas.

La doctrina afecta a todos aquellos casos en que las aseguradoras Asefa y Houston Casuality Company Europe (HCC Europe) vendieron pólizas cuya denominación viene prevista en la Ley para dar garantía de que las cantidades entregadas a cuenta para una futura adquisición de vivienda serían devueltas a los aportantes si dichas viviendas no llegaban a construirse. Las aseguradoras sostenían que las pólizas de los cooperativistas eran distintas de las previstas por la ley.

El pronunciamiento del Tribunal Supremo crea jurisprudencia y servirá para resolver otras causas que están pendientes en la Audiencia Provincial de Madrid, así como en algunos juzgados de primera instancia.La sentencia, acordada por unanimidad, se publicará, una vez redactada y firmada, el próximo mes de septiembre.

 

Por todo lo expuesto, si se encuentra en esta situación no dude en ponerse en contacto con un profesional, para que pueda estudiar su caso concreto y poder recuperar su dinero lo antes posible.

Si desea más información puede llamar sin ningún tipo de compromiso al 976226265 o enviar un correo electrónico a charodelallana@reicaz.com

Ley de emprendedores

El pasado 27.07.13 se publicó en el BOE nº 179, la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, en el que se abordan múltiples medidas en muy diversos ámbitos – laboral, Seguridad Social, fiscal o financiero – tendentes a mejorar problemas estructurales agravados por la actual crisis y potenciar el crecimiento económico de autónomos y empresas. Su entrada en vigor se produjo al día siguiente de su publicación. Es decir, el 28.07.13.

Os dejo el enlace para que podaís ampliar información :Ley de emprendedores

 http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf

Solictud de arbitraje para las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas

Todos los clientes minoristas titulares de instrumentos híbridos (participaciones preferentes y deuda subordinada) que fueron emitidos por las cajas de ahorros que dieron lugar al grupo BFA-Bankia pueden presentar su solicitud de arbitraje hasta el 15 de julio.

Las nuevas reglas que marcarán la relación entre caseros e inquilinos

La Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, se publico ayer en el BOE y ha entrado en vigor hoy día 6 de junio de 2013.

Si usted es en la actualidad casero o inquilino de una vivienda, hasta que no venza su contrato de alquiler las condiciones seguirán siendo las mismas. Sin embargo, para todos aquellos, arrendadores y arrendatarios, que estén pensando en iniciarse en el mercado el Congreso acaba de dar luz verde a las nuevas reglas que deberán respetar unos y otros.

La nueva norma representa una modificación en profundidad de la polémica Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y nace con el objetivo de promover el alquiler de viviendas para que éste se convierta en una alternativa real y competitiva a la compra.

El primer cambio de calado se refiere a la duración de los contratos:

Se establece que la duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si el plazo es inferior a los tres años, la renovación se realizará obligatoriamente por plazos anuales llegada la fecha del vencimiento hasta el cumplimiento de los tres años, salvo que el inquilino comunique su finalización con 30 días de antelación, como mínimo, antes de la fecha de finalización del contrato o de sus prórrogas. En la LAU, las prórrogas automáticas se prolongaban hasta cumplir los cinco años.

No se formalizará laprórroga obligatoria cuando el arrendador reclame para sí o su familia el uso de la vivienda, previa comunicación al arrendatario con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar.

Prórroga automática de los contratos

Una vez cumplido el plazo de prórrogas automáticas del contrato de alquiler, si no hay comunicación por ninguna de las partes con, al menos, 30 días de antelación, el contrato se prorrogará por un año más. En la LAU, esta prórroga tácita era de 3 años.

Desistimiento del contrato

Una vez cumplidos los 6 primeros meses del contrato de arrendamiento, el arrendatario podrá desistir del contrato con un aviso al arrendador de 30 días. En la LAU, el inquilino podía desistir del contrato con un aviso previo de dos meses y solo habiendo cumplido los cinco años de prórroga obligatoria. En ambos casos, se fijan en el contrato inicial de arrendamiento las indemnizaciones correspondientes por el desistimiento del arrendatario.

Recuperación de la vivienda por parte del arrendador

El contrato quedará extinguido si el propietario o arrendador es objeto de un retracto convencional (recuperación de la cosa vendida), sustitución fideicomisaria (el propietario encarga a su heredero la venta del inmueble), una ejecución hipotecaria o el derecho de una opción a compra. Con la LAU, todas estas opciones de recuperación quedaban a la voluntad del arrendatario durante los cinco primeros años de duración del contrato.

Venta de la vivienda arrendada

El comprador de una vivienda alquilada solo estará obligado a mantener el arrendamiento si el contrato de alquiler se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad con anterioridad a que se efectúe la adquisición; si el contrato de arrendamiento no está registrado, el inquilino solo podrá permanecer en la casa tres meses desde la comunicación de la adquisición por parte del comprador. Con la LAU, el contrato se subroga siempre al comprador, durante los cinco primeros años del alquiler.

Actualización de la renta

Casero e inquilino podrán pactar la actualización de la renta en función de índices distintos del IPC. Con la LAU solo podían actualizarse en función de las variaciones de la inflación.

Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Se introducen mejoras dirigidas a reducir plazos en los procedimientos de desahucio en caso de impago de la renta.

Creación de un Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquiler

Se aprueba la creación de un registro público de sentencias firmes de impagos de rentas del alquiler al que tendrán acceso los propietarios que deseen consultar si su futuro inquilino ha sido condenado por impago.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5941.pdf

PROCESOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. SUSPENSIÓN

          El 16 de junio vence el plazo establecido en la Ley 1/2013 sobre procesos hipotecarios para que dichos procesos de ejecución puedan paralizarse y ser revisados por si pudieran contener cláusulas abusivas. La formulación del incidente de oposición tendrá como efecto inmediato la suspensión del proceso hasta la resolución del incidente. 

 

          Por otra parte, el Gobierno de Aragón, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, han firmado un convenio sobre lanzamiento de vivienda, que prevé diversos tipos de ayudas. 

Caducidad para reclamar las participaciones preferentes

Aviso sobre la CADUCIDAD para reclamar por VICIO EN EL CONSENTIMIENTO a todos los titulares de PARTICIPACIONES PREFERENTES. 

Una sentencia de Barcelona ha dado la razón a CatalunyaBanc alegando que han transcurrido más de cuatro años desde que el cliente compró las preferentes, argumento que puede ser utilizado por otros tribunales en aquellos casos que reclaman la nulidad del contrato por vicio de consentimiento. La mayor emisión de la historia, realizada por Caja Madrid, en 2009, prescribirá en julio. 

Por otro lado, tambien aparece en prensa, en EL CONFIDENCIAL, la misma teoria y es que en el arbitraje se está solicitando a los clientes una documentación que serviría para dar la victoria a Bankia en los tribunales en caso de que el cliente acuda a la vía judicial.

La citada sentencia, de la titular del juzgado de primera instancia número 53 de Barcelona,  da la razón a CatalunyaBanc en una demanda de un cliente que compró preferentes en el año 2000, al considerar que "esta acción está afectada en su ejercicio por un plazo de caducidad de cuatro años, que comienza a correr en los casos de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato (art. 1.301 del Código Civil), momento inicial para el cómputo de dicho plazo". 

Esto afecta a lo que se conoce como "vicio de consentimiento", es decir, cuando el afectado dio su consentimiento para la compra de estos productos con información insuficiente, errónea o engañosa. La prescripción no se aplica a la llamada "nulidad radical", que es cuando no hubo consentimiento y la entidad compró preferentes para el cliente sin que éste lo supiera y falten firmas en los documentos básicos de la contratación como el documento de contratación que debe estar perfectamente firmado por los dos titulares , el test de conveniencia  que debe estar firmado uno por cada titular y el MIFID que debe estar firmado tambien uno por cada titular. 

Hay que tener en cuenta que es una sentencia de primera instancia y no crea jurisprudencia, por lo que este razonamiento no se va a utilizar necesariamente en otros casos. De hecho, existen múltiples sentencias en sentido contrario . Pero cabe la posibilidad de que así sea, ya que efectivamente el Código Civil establece esta caducidad para la anulabilidad de los contratos. Y como no existe unificación de doctrina por parte del Supremo , los jueces tienen margen para interpretar la norma.

Por ese motivo se está avisando a todos los titulares de PREFERENTES que demanden cuanto antes y si es posible antes de transcurridos cuatro años desde la fecha de contratación. 

Hay tres grandes vías para reclamar sobre las preferentes: 

1. la citada solicitud de anulabilidad por vicio de consentimiento; 
2. la nulidad absoluta por incapacidad para contratar, como en casos de analfabetos o personas con demencia senil (donde no hay prescripción); 
3. la resolución del contrato por incumplimiento por parte de la entidad de sus obligaciones legales de diligencia, lealtad e información (ahí es donde el juez debe estimar si el cliente fue informado adecuadamente de lo que compraba), en la que el plazo es de 15 años.

La macroemisión de 2009 CADUCA  ahora.  
Se advierte a los afectados que, si quieren acudir a la vía judicial alegando vicio de consentimiento, deben hacerlo antes de los cuatro años para evitar esta caducidad. Y en el caso de Bankia, la mayor emisión de la Historia de España -la de 3.000 millones realizada por Caja Madrid en mayo de 2009, que supone el 75% de los afectados de Bankia- va a cumplir ahora cuatro años.

Aconsejamos a nuestros clientes que ni se presenten al arbitraje porque, si se lo deniegan, puede ser demasiado tarde para acudir a los tribunales. Es decir, les aconsejan que demanden ya. 

Hay un cierto debate también sobre cuándo empiezan a contar los cuatro años. Algunas sentencias entienden que no hay una fecha exacta porque las obligaciones de pagar los cupones son parte de su cumplimiento, del contrato, por lo que hasta que éstas no se agoten no se puede dar por consumado. Y como las preferentes son perpetuas, nunca se consumaría. La citada sentencia de Barcelona, en cambio, entiende que el contrato quedó consumado con la firma del contrato para la compra de estos títulos (fecha que en el caso de la emisión de Caja Madrid sería julio).

Ahora bien, la propia jueza confunde ese contrato con la orden de compra, y es cuando considera que deberían comenzar a correr los cuatro años. Según ese criterio, el plazo se iniciaría cuando cada cliente diera la orden de compra, previsiblemente en mayo de 2009. Y caducaría este mes.

La carga de la prueba:

Otro de los elementos polémicos de la solución para los preferentes se refiere al arbitraje de Bankia. En la solicitud para adherirse a este proceso,  pide que el cliente aporte una gran cantidad de documentación: "Extracto/s de la/s cuenta/s de valores donde estén depositados los títulos; copia del contrato de administración y depósito de valores; copia de las órdenes de compra de los títulos; copia del test de conveniencia o idoneidad, según sea el caso; copia de la aceptación expresa de los riesgos asociados a los títulos firmada por el cliente; copia de cualquier otra documentación proporcionada por el Banco en la que conste información del producto (folleto, tríptico, presentaciones, correos electrónicos, etc.); en su caso, copia de la documentación acreditativa del canje; copia de cualquier otra documentación acreditativa de circunstancias personales (i.e.: incapacidad reconocida judicialmente, minusvalías reconocidas por autoridades administrativas competentes, etc.)".

Aportar todos estos documentos daría a Bankia todas las pruebas necesarias para derrotar al cliente en los tribunales en el caso de que no se le conceda el arbitraje.

A juicio de algunos expertos, aportar todos estos documentos daría a Bankia todas las pruebas necesarias para derrotar al cliente en los tribunales en el caso de que no se le conceda el arbitraje, pues algunos de ellos demostrarían que el cliente fue informado suficientemente de lo que compraba (si no se leyó esos papeles, no es culpa del banco).

Con carácter general, según el art. 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde a quien demanda demostrar que se ha producido el hecho demandado. "Sin embargo, en algunas ocasiones, como en el tema de las preferentes, puede invertirse la carga de la prueba. Es decir, corresponde a la entidad financiera demostrar que informó correctamente al cliente del producto que éste estaba contratando.

Tel : 976 22 62 65, E charodelallana@reicaz.com