Hace 1 año vino a mi despacho Pablo H.N., un trabajador de una
empresa automovilística, que había sido despedido recientemente mediante un
despido por causas objetivas. La empresa alegaba que había sufrido una
diminución de sus ingresos durante tres trimestres consecutivos por falta de
trabajo. Pablo H.N. me enseñó su carta de despido: efectivamente la empresa
alegaba disminución de sus ingresos y falta de trabajo para justificar su
decisión de despedir a Pablo H.N.
Pablo H.N. me entregó un documento de la empresa donde constaban
los ingresos y el trabajo que estaban recibiendo. ¿Cómo tenía ese documento? Un
compañero suyo, que trabajaba en el departamento contable y que sabía que la
empresa estaba despidiendo a los trabajadores alegando una causa falsa, le
había entregado dicho documento.
Interpuse una demanda por despido improcedente, solicitando una
indemnización de 33 días por año trabajado que, en el caso de Pablo H.N.,
ascendía a 4.000 €. El Juzgado admitió la demanda y fijó el día del juicio para
unos meses después. Una vez la empresa demandada recibió la demanda, se puso en
contacto conmigo.
Dado que las empresas son conscientes que, en muchas ocasiones, el
Juzgado suele proteger al trabajador, en tanto que es la parte débil de la
relación laboral, éstas suele tener una mayor voluntad de llegar a un acuerdo y
evitar la celebración de un juicio. La empresa de Pablo H.N. era de éstas
últimas: me llamó para intentar llegar a un acuerdo y no acudir a juicio.
En un inicio, quiso abonar a Pablo H.N. una indemnización menor de la que le
correspondía. Pablo H.N. se negó, por lo que negocié con la empresa para que
ésta le pagara la indemnización de 4.000 € que le correspondía. Gracias a mis habilidades negociadoras y a mi
conocimiento sobre el derecho laboral, Pablo H.N. recibió la indemnización
correspondiente a su despido improcedente.
Rosario de la Llana Corral
Abogada
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