La documentación necesaria que siempre se debe intentar aportar a la hora de interponer una demanda civil se refiere, por una parte, a los datos personales del cliente titular de las participaciones preferentes u obligaciones subordinadas y por otra parte la documentación referente al contrato en sí de las preferentes/subordinadas.
- Certificado bancario de titularidad de las cuentas de ahorros o plazos fijos o cualquier producto del cual provenga el dinero que se invirtió en preferentes o subordinadas.
- Contratos suscritos de participaciones preferentes y/o de obligaciones subordinadas (es necesario el ejemplar que está en poder del banco, porque de ese contrato depende entablar la acción de nulidad o anulabilidad correctamente).
- Hoja de datos fiscales anual proporcionada por la entidad bancaria desde la primera suscripción de preferentes o subordinadas, y los datos fiscales proporcionados por la Agencia Tributaria desde el primer año de suscripción hasta la actualidad.
- Contratos marco, contratos de depósito y administración de valores.
- Informe de la posición global de las cuentas a fecha anterior a la primera suscripción de preferentes o subordinadas. También es conveniente un informe de posición global a fecha actual (fecha presente).
- Extracto bancario de las cuentas de ahorro que posea el titular o titulares, en la oficina que suscribió las preferentes o las subordinadas desde fecha anterior a la primera suscripción hasta la actualidad.
- Cuestionario Mifid (test de idoneidad, test de conveniencia).
- Documentación de recompra o canje de preferentes o subordinadas por acciones de la entidad.
- Órdenes de venta del producto.
- Libertas bancarias (cartillas) desde fecha anterior a la primera suscripción.
- Declaraciones de IRPF (renta) de años anteriores a las suscripciones.
- Informe de vida laboral y contratos de trabajo, o cualquier documentación que acredite la profesión desempeñada de quien contrató las preferentes o deuda subordinada.
- Certificado de nacimiento de los titulares o fotocopia DNI
- Certificado de minusvalía (si es el caso).
- Libro de familia.
- Certificado médico (en el caso de que padezca alguna enfermedad o está bajo tratamiento médico).
No deje pasar más tiempo, y ponga su caso en manos de un abogado que le asesore cual es la solución que mejor se adapta a sus necesidades.
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